Urge contrapeso ciudadano en la política educativa
Los numerosos y graves problemas del sistema educativo mexicano han sido foco de investigación y de reflexión de expertos y tema de atención constante por parte de muchas organizaciones ciudadanas. Cada vez es mayor la presencia de actores no gubernamentales que buscan fortalecer el sistema educativo, llevando a cabo infinidad de proyectos en las escuelas y aportando recursos para mejorar la infraestructura y la enseñanza en las aulas.
El protagonismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en las decisiones de política educativa, agudizado en el último decenio, ha despertado un mayor activismo de la ciudadanía. Numerosas organizaciones de la sociedad civil que, por años, han financiado y conducido proyectos encaminados a mejorar la educación en México, así como de especialistas que, por diversos medios, han tratado de dialogar con la Secretaría de Educación Pública (SEP), con poco éxito, están ahora tomando posiciones, exigiendo al gobierno información, espacios de diálogo y rendición de cuentas, sumando más actores y construyendo un debate público sobre temas clave para la política educativa.
Sin embargo, a diferencia de otros sectores del gobierno, en los que la ciudadanía ha logrado promover cambios de política pública, la SEP ha resultado impermeable a estas iniciativas y demandas. Su postura es contradictoria: en el discurso, anima la participación ciudadana; pero en la práctica, su marco institucional y las políticas educativas están construidos sobre la lógica de excluir a estos actores de la toma de decisiones. Con excepción del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), los espacios para la participación de actores no gubernamentales en el sistema educativo son casi inexistentes.
Un estudio elaborado por Alternativas y Capacidades, que será presentado y comentado en esta semana, documenta cómo la SEP se encuentra muy rezagada frente a las demandas de la sociedad civil. En parte, por falta de voluntad política para tomar en cuenta las propuestas ciudadanas, pero principalmente, porque no ha elaborado estrategias ni mecanismos institucionales ni un marco jurídico que reconozca a las organizaciones de la sociedad civil como actores de política pública.
No basta tener marcos normativos generales, como la Ley de Fomento a OSC o la Ley General de Desarrollo Social, que enuncien el derecho de los ciudadanos a participar en las políticas públicas, si las dependencias no desarrollan los mecanismos para hacer efectivos estos principios, ni cumplen siquiera con los marcos generales. En el caso de las OSC de fomento educativo, ni la SEP ni el SAT cuentan con normatividad o procedimientos para que estas instituciones reciban estímulos fiscales, derecho estipulado desde el año 2004 en la Ley de Fomento a OSC. En la asignación de apoyos económicos a las OSC de fomento educativo, la SEP incumple criterios de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El estudio de Alternativas contribuye poniendo estos temas en el debate público, esclareciendo datos antes desconocidos y presentando los desafíos para el sector de OSC en la exigencia de los mínimos requerimientos para que, manteniendo su autonomía, el sector pueda establecer relaciones institucionales con el Estado, con mecanismos transparentes y no discrecionales. Sólo con reglas justas y claras para la incorporación de los diversos actores no gubernamentales en la política educativa, que incluyan la de los padres y madres de familia, la ciudadanía podrá convertirse en un contrapeso ante el poder que representa la simbiosis atípica entre SEP y SNTE.
La publicación será presentada el jueves 31 de mayo a las 6 pm en el Auditorio del Instituto Mora, sede Mixcoac y comentada por especialistas en temas de educación, sociedad civil organizada y políticas públicas. La entrada es gratuita. Para más información, consultar www.alternativasycapacidades.org
